INTERNACIONALES
Un juez federal impide que la Casa Blanca ponga fin al TPS otorgado a Haití
Washington.– Un juez federal dictaminó como «ilegal» la decisión de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristin Noem, de anular la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que supone una barrera para la Casa Blanca, que puso fin al amparo migratorio la semana pasada.
Noem modificó en febrero pasado la extensión de 18 meses para el TPS que favorece a más de medio millón de haitianos otorgada por la Administración de Joe Biden (2021-2025), que culminaba el 3 febrero de 2026.
La secretaria redujo el beneficio a doce meses e impuso como fecha de vencimiento el 3 de agosto de 2025, lo que le permitió anunciar el fin de la protección el viernes pasado.
Pero este martes el juez Brian Cogan dijo en su fallo que Noem “no tiene autoridad legal” para “anular parcialmente” la designación de TPS de un país.
El juez indicó que decenas de miles de haitianos han llegado a depender del TPS, que les otorga permiso de trabajo y los protege de la deportación, por lo que retirar el beneficio antes de esa fecha (febrero de 2026) “representa un perjuicio significativo” que el tribunal tiene la facultad de corregir.
Regresa la esperanza para inmigrantes haitianos
El fallo de Cogan, designado por el expresidente George W. Bush (2001-2009) para el distrito de Nueva York, regresa la esperanza para miles de inmigrantes haitianos protegidos por el amparo migratorio, que el viernes pasado recibieron un duro golpe cuando Noem anunció su final.
El Ejecutivo había dado un plazo a los beneficiados hasta el 2 de septiembre para aplicar a otro beneficio migratorio o autodeportarse.
La decisión en la demanda presentada por nueve haitianos afectados favorecería a otros inmigrantes de ese país protegidos por el TPS, según dijo el juez Cogan citando su facultad de detener las acciones de las agencias bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.
La interpretación llega después de que la Corte Suprema se pronunciara la semana pasada en contra de los mandatos judiciales universales que protegen con su fallo a otros afectados más allá de los demandantes originales.
