Propagar noticias falsas, incluyendo aquellas que afectan al sistema financiero o a entidades financieras en la República Dominicana, no solo constituye un acto irresponsable, sino que también puede tipificarse como un delito penal conforme a la legislación vigente del país.
La Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento No. 6132 establece que la publicación, difusión o reproducción de informaciones falsas, cuando estas generen perturbación del orden público o alarma social, puede ser sancionada con penas de prisión de seis meses a dos años y/o multas.
Asimismo, otras normativas del ámbito financiero, como la Ley No. 19-00 sobre el Mercado de Valores, contemplan sanciones aún más severas, que incluyen penas de dos a diez años de prisión y multas significativas para quienes, de manera deliberada, suministren información falsa o engañosa al público o a las autoridades, poniendo en riesgo la estabilidad y la confianza del mercado financiero.
Este marco legal tiene como objetivo proteger la estabilidad del sistema financiero nacional, la confianza ciudadana y la economía, garantizando que la información que circula en medios de comunicación y redes sociales sea veraz, responsable y no cause daños innecesarios a instituciones ni a la sociedad en general.

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