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Activistas consideran que Bukele reconoce errores con liberación de presos salvadoreños

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San Salvador14 de octubre de 202621:46

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Activistas de derechos humanos consideran que el anuncio del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre una posible liberación anticipada de personas detenidas durante el régimen de excepción supone un reconocimiento de errores en la política de encarcelamientos aplicada desde marzo de 2022.

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El planteamiento surge después de que el mandatario salvadoreño anunciara un plan que podría beneficiar a cerca del 50 % de los reclusos acusados de colaborar con pandillas, mediante un mecanismo de libertad anticipada y condicional.

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La propuesta contempla revisar los casos de personas cuya participación en actividades relacionadas con las pandillas habría sido limitada. Sin embargo, Bukele aclaró que la medida no implicaría una absolución, sino la posibilidad de que determinados detenidos recuperen su libertad bajo condiciones y monitoreo.

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El mandatario explicó que su Gobierno evalúa las circunstancias en las que algunas personas colaboraron con las estructuras criminales, particularmente aquellas que vivían en comunidades bajo el control de las pandillas.

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Según Bukele, existen diferencias entre quienes dirigían o ejecutaban actividades criminales y aquellos que colaboraban con estas organizaciones en un contexto de amenazas o sometimiento.

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El presidente sostuvo que el eventual beneficio estaría dirigido a determinados reclusos, sin que ello signifique eliminar su responsabilidad penal.

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La propuesta todavía no cuenta con un calendario público de aplicación ni con una cifra definitiva de beneficiarios.

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El Salvador mantiene vigente desde marzo de 2022 un régimen de excepción que suspende determinadas garantías constitucionales y que, según las cifras recogidas por EFE, ha dejado más de 93,000 personas detenidas.

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Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, presuntas violaciones de garantías judiciales y muertes de personas bajo custodia estatal.

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En ese contexto, activistas interpretan la posibilidad de liberar a una parte de los presos salvadoreños como una señal de que el Gobierno estaría reconsiderando el tratamiento de determinados casos.

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No obstante, esa interpretación corresponde a los sectores críticos de la política de seguridad y no constituye una admisión expresa de errores por parte del presidente.

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El régimen de excepción ha sido uno de los principales instrumentos de la estrategia gubernamental contra las pandillas.

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El Gobierno salvadoreño atribuye a esta política una reducción significativa de la violencia y los homicidios, mientras organizaciones humanitarias cuestionan las condiciones de detención y las garantías procesales de los arrestados.

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La eventual liberación condicional abre un nuevo debate sobre la situación de los detenidos y los criterios que utilizarán las autoridades para determinar quiénes podrían acceder al beneficio.

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