Santo Domingo, 7 de mayo de 2025 – El Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación en República Dominicana (CAESCO) presentó un informe preliminar sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, destacando la importancia de mantener un enfoque corregulador y multiactor en la normativa que busca regular el ejercicio comunicativo en medios tradicionales y digitales.
La organización subraya que el marco legal debe permitir la participación del Estado, plataformas digitales, medios de comunicación, periodistas y creadores de contenido en los procesos de regulación, garantizando así un equilibrio entre libertad de expresión y responsabilidad compartida.
CAESCO valoró positivamente la exigencia de transparencia a las plataformas digitales respecto al funcionamiento de sus algoritmos de moderación y recomendación de contenidos. Según el informe, estos algoritmos tienen un impacto directo en lo que los usuarios ven, cuándo lo ven y qué contenidos pueden ser eliminados, lo que representa un poder significativo en la configuración de la libertad de expresión digital.
Asimismo, el centro destacó la necesidad de introducir la figura de la inteligencia artificial (IA) en la ley, dada su creciente influencia tanto en la gestión de contenido como en la creación de materiales potencialmente maliciosos, especialmente en contextos sensibles como procesos electorales, seguridad y salud pública.
Miguel Otáñez, presidente de CAESCO, enfatizó la urgencia de incluir explícitamente la alfabetización mediática y digital como pilares del proyecto legal. “Estas herramientas son esenciales para que la ciudadanía participe activamente en la corregulación, invocando y ejerciendo sus derechos a través del debido proceso”, explicó.
Otáñez también advirtió sobre los retos que implica la implementación efectiva de la ley. “No basta con el texto legal; se requiere establecer códigos de conducta, reglamentos y procedimientos que le den fuerza operativa y eviten que la norma se convierta en sobrerregulación o letra muerta”, afirmó.
El informe reconoce avances clave del anteproyecto, como la protección del acceso universal a internet, el respeto a la cláusula de conciencia, el secreto profesional, la seguridad de los periodistas, el derecho a las fuentes, la prohibición de la censura previa, y la promoción de la pluralidad y la neutralidad tecnológica.
No obstante, CAESCO advirtió sobre la necesidad de evitar ambigüedades legales que puedan comprometer el equilibrio entre la libertad de expresión y otros derechos fundamentales. “Debemos reconocer que una ley de esta naturaleza siempre estará en tensión con el ritmo acelerado de los avances tecnológicos, lo cual representa un desafío constante para su actualización y efectividad”, concluyó Otáñez.
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