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1 mes agoon
El informe de la ONG Prisoners Defenders también contabiliza 158 mujeres privadas de libertad y señala que los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado figuran entre las principales imputaciones.
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El informe documenta la situación de activistas, manifestantes y ciudadanos procesados por acciones vinculadas al ejercicio de sus derechos fundamentales. Durante el período más reciente se incorporó una persona al registro y otra salió de la lista.
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De acuerdo con la organización, los mayores incrementos mensuales de nuevos casos durante el último año se produjeron en abril de 2026, cuando se registraron 50 incorporaciones, y en junio, con 44. En contraste, diciembre de 2025 contabilizó seis casos nuevos y febrero de 2026 registró siete.
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El documento también señala que las consecuencias de los procesos judiciales alcanzan a familiares de los acusados, con casos en los que madres, hijos, hijas y padres han enfrentado simultáneamente encarcelamientos, juicios u otras medidas restrictivas de libertad.
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Del total de personas incluidas en el registro, 158 son mujeres, equivalentes aproximadamente al 12 % de los casos documentados. Según la ONG, muchas cumplen condenas relacionadas con su participación en protestas o la difusión de críticas al Gobierno cubano en plataformas digitales.
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En cuanto a los menores de edad, el reporte contabiliza 40 personas que permanecen encarceladas o sometidas a procesos penales por causas vinculadas a protestas sociales. Para este registro, la organización toma en cuenta la edad que tenían al momento de su detención, incluso si posteriormente alcanzaron la mayoría de edad.
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El informe identifica los desórdenes públicos como la imputación más frecuente, con 577 expedientes. Le siguen el desacato, con 382 casos, y el atentado, con 350.
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Asimismo, registra 214 personas acusadas de sedición y 125 de sabotaje. La organización señala que algunas causas por este último delito han sido conocidas por tribunales militares, pese a que los procesados son civiles.
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Según Prisoners Defenders, las autoridades recurren a 76 tipos delictivos contemplados en el Código Penal cubano para sustentar las acusaciones contra las personas incluidas en su registro. En algunos procesos, agrega el informe, se imputan varios delitos a una misma persona.
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Las cifras corresponden al registro verificado por la organización hasta el 1 de octubre de 2026 y forman parte de su seguimiento a las detenciones y los procesos judiciales relacionados con motivos políticos en Cuba.
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