Published
5 horas agoon
By
adminSan Diego, California (EE. UU.) – El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este martes los primeros cargos de narcoterrorismo en la historia del país contra líderes del Cártel de Sinaloa, en un caso que marca un hito en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
Los acusados, Pedro Inzunza Noriega, alias Sagitario, y su hijo Pedro Inzunza Coronel, conocido como El Pichón, fueron señalados por el gobierno estadounidense como responsables del tráfico de toneladas de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y heroína hacia EE. UU.
Durante una conferencia de prensa, el fiscal federal del Distrito Sur de California, Adam Gordon, anunció que esta es la primera vez que se imputan cargos por narcoterrorismo y uso de materiales para narcoterrorismo a miembros de un cartel mexicano.
“Los estupefacientes que el Cártel de Sinaloa introduce en nuestro país no solo matan, sino que están siendo considerados como materiales para cometer actos de narcoterrorismo”, señaló Gordon.
La acusación se fundamenta en una orden ejecutiva firmada en febrero por el expresidente Donald Trump, que designa a varios cárteles mexicanos, incluido el de Sinaloa, como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).
El fiscal Gordon explicó que, tras asumir el cargo el pasado 11 de abril, formó una Unidad de Narcoterrorismo, especializada en combatir estructuras criminales bajo la lógica del contraterrorismo.
“Desde hoy, los líderes del narcotráfico enfrentarán una cacería sin precedentes. No solo por parte de la justicia, sino también de quienes alguna vez llamaron aliados. Los llevaremos ante una corte federal en San Diego para que rindan cuentas”, advirtió Gordon.
Según los documentos judiciales, los Inzunza operan desde hace décadas en el tráfico de drogas, inicialmente transportando cocaína desde Colombia, y más recientemente, fentanilo y sustancias sintéticas altamente letales.
El caso representa un giro radical en el enfoque de Estados Unidos hacia el narcotráfico transnacional, al equiparar sus efectos destructivos con los del terrorismo global, y abre la puerta a mayores acciones legales, sanciones y cooperación internacional para frenar el flujo de drogas hacia el país.