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1 mes agoon
El Decreto 714-26 designa al MAP como autoridad de aplicación y establece evaluaciones técnicas previas para las adquisiciones digitales complejas de las instituciones del Poder Ejecutivo.
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Santo Domingo12 de octubre de 202615:46
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El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 714-26, mediante el cual establece el Reglamento de Coordinación e Interés Estratégico de la Infraestructura Digital del Estado, con el objetivo de coordinar las inversiones tecnológicas de las instituciones públicas, reducir gastos duplicados y fortalecer la seguridad y eficiencia de los servicios digitales.
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La disposición designa al Ministerio de Administración Pública (MAP) como autoridad responsable de aplicar el reglamento y coordinar la identificación, evaluación, priorización, estructuración, seguimiento y control técnico de las contrataciones e inversiones digitales consideradas estratégicas.
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El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, afirmó que la medida busca reducir la fragmentación del gasto tecnológico y evitar que las instituciones estatales realicen inversiones aisladas.
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“A partir de este reglamento, cada peso invertido en tecnología responderá a una estrategia nacional integrada, orientada a ofrecer servicios públicos digitales eficientes, seguros y accesibles para la ciudadanía, protegiendo en todo momento la soberanía sobre los datos de los dominicanos”, expresó Freund.
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El artículo 6 del decreto declara de interés estratégico nacional la integración, modernización y fortalecimiento de la infraestructura digital soberana del Estado dominicano, como parte de los esfuerzos para mejorar la calidad, continuidad, seguridad e interoperabilidad de los servicios públicos.
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La normativa contempla la coordinación de inversiones en bienes, servicios, plataformas y soluciones digitales que, por su alcance, complejidad, impacto presupuestario o relación con servicios esenciales, requieran evaluación técnica previa o gestión conjunta entre varias instituciones públicas.
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El reglamento también establece que las entidades del Poder Ejecutivo deberán contar con un informe de evaluación técnica previa del MAP antes de iniciar procesos de adquisición de plataformas y soluciones digitales complejas.
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Esta disposición busca que las compras tecnológicas se realicen de manera coordinada y respondan a criterios de eficiencia, sostenibilidad y racionalidad en el uso de los recursos públicos.
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Entre las medidas contempladas figura la posibilidad de coordinar procesos de contratación conjunta entre ministerios y otras entidades públicas, con el propósito de aprovechar economías de escala y optimizar el gasto estatal.
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El decreto crea, además, la Comisión Técnica Interinstitucional para Contrataciones e Inversiones Digitales Estratégicas, coordinada por el MAP e integrada por representantes del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y Economía, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Centro Nacional de Ciberseguridad.
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Este órgano tendrá un papel en la articulación técnica de las decisiones relacionadas con las contrataciones e inversiones digitales estratégicas.
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El reglamento dispone que las soluciones tecnológicas deben garantizar la portabilidad, interoperabilidad y reversibilidad técnica, de modo que el Estado pueda mantener el control sobre sus sistemas y datos.
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Asimismo, prohíbe las cláusulas contractuales y los diseños tecnológicos que generen dependencias comerciales exclusivas o limiten el control directo de las instituciones públicas sobre sus activos de datos.
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En cuanto al uso de inteligencia artificial y sistemas de automatización avanzada, la normativa establece criterios de supervisión humana, trazabilidad y transparencia, con el propósito de resguardar los derechos fundamentales.
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El decreto también precisa que estas disposiciones no eximen a las instituciones públicas de cumplir las normas vigentes sobre contratación pública, presupuesto, control interno, transparencia, protección de datos personales, ciberseguridad, acceso a la información pública y responsabilidad fiscal.
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Con la medida, el Gobierno busca fortalecer la coordinación de las inversiones digitales y establecer criterios comunes para la adquisición y gestión de tecnologías en la Administración Pública.
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