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5 días agoon
SANTO DOMINGO, RD. – El periodista y coordinador del espacio radial , Hansel García, hizo un llamado público al , Geraldo Espinosa, para que retome de manera inmediata la publicación de las auditorías realizadas a las instituciones del Estado. García calificó la retención de estos informes como una contradicción directa a la política de transparencia promovida por la actual gestión gubernamental.
De acuerdo con las informaciones presentadas en el programa, la Contraloría General de la República mantenía la práctica habitual de difundir los resultados de las auditorías aplicadas a los organismos públicos. Sin embargo, reportes de prensa señalan que esta práctica se detuvo alrededor del año 2025.
En la actualidad, se estima que existen unas 390 auditorías concluidas a diversas entidades estatales que no han sido publicadas. Frente a las críticas del sector periodístico y social, el contralor general, Geraldo Espinosa, ha justificado la medida argumentando que la legislación vigente no establece una obligación estricta para la publicación de estos documentos.
Ante este escenario, Hansel García anunció su decisión de sumarse formalmente a las demandas colectivas que exigen el libre acceso a dichos informes. El profesional de la comunicación advirtió que, emulando la metodología de su colega, colocará de forma diaria un «reloj» simbólico al contralor Geraldo Espinosa hasta que se publiquen los documentos o, en su defecto, el funcionario sea destituido de su cargo.
El periodista recordó que en septiembre de 2023, el presidente Luis Abinader instruyó directamente al entonces contralor, Félix Santana García, a subir todas las auditorías al portal institucional de acceso público. En aquella ocasión, el órgano fiscalizador justificó la medida señalando que la transparencia permitía a la sociedad evaluar, ponderar y ejercer activamente su rol de veeduría ciudadana frente a la administración de los recursos del Estado.
Durante el desarrollo del panel, se analizaron los aspectos técnicos y legales que envuelven la decisión del contralor:
García concluyó que, sin importar si las anomalías detectadas en las 390 auditorías pendientes son subsanables o no, es un derecho de la ciudadanía conocer el destino y manejo de los fondos públicos a través de los portales de transparencia correspondientes.
