Santo Domingo, 7 de mayo de 2025 – El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), recusó a la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, al considerar que ha mostrado una conducta parcial en el proceso judicial que involucra a Hugo Beras, José Gómez y otros acusados de integrar una red de corrupción estatal.
La recusación fue presentada durante la audiencia preliminar del caso por el fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar, quien alegó que la magistrada ha favorecido de manera reiterada a los imputados con decisiones que comprometen la imparcialidad del proceso.
Entre las acciones señaladas por el Ministerio Público, se destaca la autorización de viajes internacionales a José Gómez, pese a tener impedimento de salida, así como la devolución de armas de fuego registradas a nombre de terceros. Según la Pepca, estas medidas contradicen precedentes adoptados por la misma jueza en casos similares, donde no se concedieron privilegios equivalentes.
“La jueza ha actuado con una flexibilidad que no ha demostrado en otros procesos, y eso pone en riesgo la transparencia de este juicio”, afirmó Pérez Fulcar, quien expresó confianza en que la Corte de Apelación del Distrito Nacional atenderá la solicitud de recusación con objetividad.
El proceso judicial involucra a una presunta red de corrupción estructurada alrededor del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y su contrato para la modernización del sistema de semáforos en el Gran Santo Domingo. El Ministerio Público acusa a los implicados de desfalco, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación, comercio ilícito, sabotaje a infraestructura crítica, robo de identidad y otros delitos graves.
Entre los imputados además de Beras y Gómez, se encuentran Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, José Ángel Gómez Canaán (Jochi), Pedro Vinicio Padovani Báez, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas.
La operación judicial incluyó allanamientos simultáneos en diversas localidades como el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana, con la participación de más de 170 agentes policiales y 30 fiscales especializados. Durante los operativos se incautaron múltiples evidencias que, según la Pepca, refuerzan las acusaciones de crimen organizado y corrupción contra la red imputada.
El Ministerio Público ha calificado esta operación como una de las más contundentes contra la corrupción y el crimen organizado en la administración pública dominicana.
