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Sipen propone utilizar fondos de pensiones para financiar viviendas con hipotecas de tasa fija a 25 años

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La Superintendencia de Pensiones (Sipen) propone implementar un esquema de financiamiento habitacional que permita utilizar recursos del sistema de pensiones para facilitar la compra de viviendas por parte de los trabajadores dominicanos, mediante hipotecas con tasas de interés fijas y plazos de hasta 25 años.

La iniciativa fue presentada este mes por el superintendente de Pensiones, Francisco Torres, a la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), entidad que respaldó la propuesta como una alternativa al crédito hipotecario tradicional.

Una alternativa ante las altas tasas de interés

La propuesta surge en un contexto en el que las elevadas tasas de interés del mercado hipotecario dificultan el acceso a una vivienda para numerosas familias dominicanas, muchas de las cuales no reúnen los requisitos para obtener un préstamo bancario o enfrentan dificultades para asumir las cuotas mensuales.

El esquema busca ofrecer condiciones de financiamiento más previsibles, mediante tasas fijas y períodos de pago prolongados, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda propia.

Asimismo, contempla la modalidad de alquiler con opción a compra, dirigida a personas que todavía no cuentan con el ahorro inicial necesario o que no cumplen con el perfil crediticio exigido por las entidades financieras.

Pendiente de definición regulatoria

El próximo paso consiste en determinar si la Sipen formalizará la iniciativa mediante un reglamento o un proyecto de ley, así como establecer los mecanismos necesarios para su implementación.

También se espera definir la participación de los bancos y las asociaciones de ahorros y préstamos en el diseño del modelo, antes de que la propuesta pueda convertirse en una alternativa efectiva para los compradores de viviendas.

La iniciativa abre el debate sobre nuevas fórmulas para ampliar el acceso a la vivienda en República Dominicana, aunque su viabilidad dependerá del marco legal, las condiciones financieras y las garantías que se establezcan para proteger los recursos destinados a las pensiones de los trabajadores.

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