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adminWashington.– El presidente estadounidense Donald Trump expresó este sábado su esperanza de que los tribunales permitan a su administración continuar con las expulsiones de migrantes, en medio de una oleada de fallos judiciales que han bloqueado algunas de las políticas migratorias más controvertidas de su Gobierno.
“No es fácil, pero ojalá los tribunales nos permitan continuar”, dijo Trump durante un discurso en la ceremonia de graduación de la academia militar de West Point.
El mandatario afirmó que su Gobierno ha devuelto a las Fuerzas Armadas su propósito original: proteger las fronteras nacionales. En su intervención, calificó la migración reciente como una “invasión” y sostuvo que muchas personas que han ingresado a EE.UU. en los últimos años son “delincuentes o enfermos mentales”, asegurando que su administración los está expulsando y retornando a sus países de origen.
Trump recordó que ha desplegado tropas en la frontera con México y cedido a las Fuerzas Armadas el control de zonas federales adyacentes, lo cual, según él, ha reducido a “casi cero los cruces fronterizos ilegales”.
No obstante, sus declaraciones se producen en un contexto en que diversos tribunales han bloqueado varias decisiones clave en materia de inmigración. Uno de los casos más recientes ocurrió esta semana, cuando una corte de Massachusetts ordenó no deportar a ocho migrantes, incluyendo dos cubanos, un mexicano y cinco africanos, hacia Sudán del Sur, alegando riesgo humanitario.
Pese a esa orden, un avión con esas personas despegó, y el Gobierno asegura que siguen bajo custodia federal en Yibuti, un dato aún sin verificar de forma independiente.
En paralelo, una jueza federal de Massachusetts bloqueó temporalmente la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de suspender las matrículas de estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard, acusando a la institución de fomentar el antisemitismo al permitir protestas contra la campaña militar israelí en Gaza.
Desde comienzos de año, la administración Trump revocó el estatus fiscal de Harvard y retiró fondos federales, después de que la universidad se negara a entregar los nombres de estudiantes que participaron en dichas protestas.