Ministerio Público señala que Magalys Medina evade responder a pruebas clave de corrupción en el caso FONPER

Santo Domingo, RD. – El Ministerio Público aseguró este lunes que Magalys Medina Sánchez, hermana del expresidente Danilo Medina y una de las principales imputadas en el caso de corrupción administrativa que involucra al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), aún no ha presentado respuestas concretas a las acusaciones sustentadas por auditorías oficiales.

Según informó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la defensa legal de Medina no ha rebatido la auditoría de la Cámara de Cuentas que detalla que la imputada ocupó dos cargos simultáneamente en el FONPER, sin haber sido formalmente designada mediante decreto presidencial.

Doble cargo y doble salario sin aval legal

El expediente, respaldado por la auditoría realizada al FONPER entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de agosto de 2020, señala que Magalys Medina se desempeñó como directora administrativa y vicepresidenta del Consejo del FONPER, recibiendo salarios por ambas funciones. Se le atribuye un ingreso mensual de 326,400 pesos como directora, además de 79,200 pesos adicionales como vicepresidenta, sin respaldo documental de su designación.

“La defensa técnica ha construido un discurso sin fundamento probatorio, mientras la acusación detalla hechos precisos, como la ocupación simultánea de cargos y la percepción de sueldos irregulares”, declaró el Ministerio Público en un comunicado oficial.

Acusaciones van más allá del FONPER

Tanto Magalys Medina como su hermano Juan Alexis Medina Sánchez son señalados como cabecillas de una red de corrupción que desfalcó al Estado por más de 5,000 millones de pesos, a través de empresas de fachada, tráfico de influencias, falsificación de documentos y licitaciones amañadas.

Ambos enfrentan cargos por lavado de activos, desfalco al Estado, enriquecimiento ilícito y financiamiento ilegal de campañas políticas, dentro de un entramado que también involucra a exfuncionarios, proveedores del Estado y supuestos prestanombres.

El proceso continúa en los tribunales, mientras el Ministerio Público insiste en que ninguna de las pruebas presentadas ha sido debidamente contradicha por la defensa, lo que refuerza su teoría acusatoria.