La República Dominicana atraviesa un momento crítico en materia institucional, jurídica y de gobernabilidad. El debate público se ha centrado en la legitimidad del Congreso Nacional, la calidad de quienes lo integran y el impacto que esto tiene sobre la solidez democrática del país.
Se trata de un cuestionamiento profundo: ¿tenemos un Congreso legítimo o ilegítimo? Esta duda nace del método con el que parte de sus miembros resultaron electos, incluyendo casos vinculados a solicitudes de extradición, expedientes abiertos o cuestionamientos éticos graves. Aunque estas situaciones no anulan automáticamente una elección, sí generan una crisis de confianza ciudadana, uno de los pilares más importantes de la representación democrática.
- La legitimidad del Congreso y lo que dice la Constitución
La Constitución de la República Dominicana establece en su artículo 208 que el voto debe ser libre, directo y secreto, y que el poder público emana del pueblo.
Sin embargo, cuando una parte de la ciudadanía percibe que ciertos legisladores llegaron mediante el uso indebido de recursos, prácticas clientelares o aprovechando vacíos institucionales, entonces surge una quiebra en la legitimidad de origen, aunque la legitimidad formal se mantenga.
El artículo 4 consagra la separación de poderes y el artículo 93 delimita las funciones del Congreso: legislar, fiscalizar y representar al pueblo.
Pero, si quienes ocupan esos curules enfrentan cuestionamientos serios o se duda de su calidad moral, se afecta la capacidad del Congreso para ejercer su rol con autoridad, independencia y credibilidad.
Cuando se pone en duda la calidad ética y la idoneidad de quienes legislan, se afecta no solo el presente, sino la base misma del contrato social.
Un Congreso débil o cuestionado abre grietas que afectan la estabilidad jurídica del país y la confianza en el Estado.
- El Consejo Nacional de la Magistratura: otro foco de crisis
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), órgano constitucional encargado de evaluar y nombrar jueces de las altas cortes, ha sido también objeto de cuestionamientos.
Algunos postulantes han denunciado que los miembros del CNM carecen de la capacidad, independencia o legitimidad moral para evaluarlos.
La Constitución, en su artículo 179, establece la composición del CNM, y el artículo 181 dispone que dicho órgano debe garantizar objetividad y transparencia en la selección de jueces.
Si quienes integran el Consejo están cuestionados o no cumplen con el estándar moral requerido, toda la estructura judicial queda bajo sospecha.
Esto afecta directamente:
La confianza en las sentencias.
La seguridad jurídica.
La percepción internacional del sistema judicial dominicano.
El clima de inversión y estabilidad institucional.
Estamos, por tanto, ante una crisis de legitimidad de doble vía: legislativa y judicial.
- La responsabilidad del Poder Ejecutivo y el problema de la gobernabilidad
El análisis no queda ahí.
Existe una crítica creciente hacia la administración gubernamental, pues muchos consideran que:
La mayoría de los incumbentes no cumplen sus funciones.
El Presidente nombra funcionarios que luego deben ser removidos por incapacidad.
Se produce un ciclo continuo de nombramientos y destituciones que refleja falta de evaluación previa, ausencia de meritocracia y poca profesionalización del Estado.
La Constitución, en su artículo 138, establece el principio de eficacia, jerarquía, coordinación, profesionalidad y sometimiento pleno a la ley para toda la administración pública.
Y el artículo 146 prohíbe el uso indebido de fondos, la corrupción y el abuso de funciones.
Cuando un gobierno es incapaz de seleccionar adecuadamente a quienes administran la cosa pública, se vulnera el principio constitucional de buena administración.
Esto no solo afecta la gestión diaria, sino que compromete la gobernabilidad, la confianza del pueblo y la estabilidad del país.
- El país en una crisis de institucionalidad
Lo que estamos presenciando es una crisis múltiple:
✔ Crisis de legitimidad
Se cuestiona si quienes ocupan posiciones clave representan realmente los principios constitucionales y democráticos.
✔ Crisis de institucionalidad
Las instituciones no están cumpliendo con su rol, no garantizan controles adecuados y actúan con debilidad estructural.
✔ Crisis de gobernabilidad
La administración pública muestra falta de dirección, improvisación y poca coherencia en la toma de decisiones.
✔ Crisis de confianza ciudadana
La población siente que el Estado no está respondiendo a sus necesidades y que quienes ocupan posiciones decisivas no son los más idóneos.
En una democracia, la legitimidad no es solo legal: es también moral, funcional y social.
Un Estado que opera sin legitimidad percibida está en riesgo permanente, porque pierde su capacidad para conducir, ordenar y planificar.
El país está en una encrucijada decisiva.
La República Dominicana necesita más que reformas superficiales o discursos.
Requiere una revisión profunda de su clase política, un fortalecimiento real de las instituciones y una aplicación estricta de los principios constitucionales.
La democracia dominicana no puede sostenerse si quienes la representan están cuestionados, si quienes evalúan no inspiran confianza y si quienes gobiernan carecen de equipos competentes.
Este es un momento histórico en el que la ciudadanía se pregunta, con razón:
¿Tenemos un Congreso legítimo? ¿Tenemos instituciones capaces? ¿Tenemos un Estado que funcione?
Responder estas preguntas con hechos —y no con excusas— será la clave para recuperar la institucionalidad y retomar el rumbo hacia un país más justo, moderno y democrático.
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