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SANTO DOMINGO, RD.– El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) anunció que en un plazo de seis meses será obligatorio el uso del Casco Certificado para todos los motoconchistas y motociclistas del país, como parte de un plan integral para reducir la alta mortalidad por accidentes de tránsito.
El anuncio fue realizado por Margarita Rodríguez, directora nacional de Motocicletas del INTRANT y responsable del programa Motoben, durante el lanzamiento del Curso de Administración de Paradas, una iniciativa desarrollada por la plataforma Nippy y que forma parte del proceso de profesionalización del sector mototaxi.
Rodríguez explicó que la medida no se aplicará de manera inmediata, ya que deben completarse varias etapas previas de educación y preparación. Recordó que fue ella quien elevó la propuesta al presidente Luis Abinader hace más de dos años, para que el casco certificado sea obligatorio tanto en su uso como en su venta junto con las motocicletas.
La directora destacó que, antes de exigir la fiscalización en las calles, deben completarse cuatro pasos esenciales:
Rodríguez insistió en que la implementación debe ser gradual: “No hay ejecución sin tú conocerla. No es que yo tengo una varita de Harry Potter y desde hoy el casco certificado”, afirmó.
Durante la actividad, representantes de diversas federaciones de motoconchistas valoraron positivamente el Curso de Administración de Paradas y las iniciativas formativas que impulsa Motoben junto a Nippy, destacando su impacto en la organización, seguridad vial y profesionalización del sector.
La alianza entre Motoben y Nippy continúa impulsando la transformación del mototaxi en República Dominicana mediante herramientas digitales, capacitación continua y formalización del servicio. Con estos esfuerzos, las autoridades buscan elevar la calidad y seguridad del transporte en motocicletas, beneficiando tanto a los conductores como a los millones de usuarios que dependen de este servicio.
La obligatoriedad del Casco Certificado, acompañada de educación, regulación y fortalecimiento institucional, representa un avance crucial hacia un sistema de movilidad más seguro, organizado y sostenible en el país.