La Paz- Bolivia y Chile firmaron este jueves varios acuerdos para combatir la trata de personas y la migración iregular, en un esfuerzo de ambos países que demandó coordinación y trabajo conjunto desde 2024, y este año lograron establecer los protocolos de cumplimiento.
Según informaron las autoridades, son nueve acuerdos alcanzados referidos al control fronterizo y seguridad, especialmente contra la trata de personas y la migración irregular. A su vez, ambos Estados suscribieron convenios orientados a combatir el contrabando y para homologar licencias de conducir.
La ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, Carolina Tohá, quien viajó a Bolivia para firmar los acuerdos, dijo que la criminalidad que se concentran en la frontera compartida «ha sido un desafío y un gran motivador» de que se den estos convenios.
«Hoy día la frontera son los lugares más inseguros en la mayoría de los países (…) ese vacío hace que la delincuencia (…) mueva droga, artículos robados, armamentos y lo que es más grave, comercializa con personas», afirmó Tohá, en un acto realizado en el Palacio de Gobierno, en la ciudad de La Paz.
Explicó que con los acuerdos alcanzados se responde «a la amenaza y a la necesidad de poner a los dos Estados a tono en darles seguridad a quienes viven en ambos lados de la frontera».
Por su parte, el ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Eduardo del Castillo, destacó que los acuerdos significan «un hecho histórico» para ambos países que tiene el propósito de crear «una zona de seguridad» en la frontera.
«Sobre el control migratorio, simplificamos requisitos, establecimos un procedimiento para la residencia permanente, pero algo que ha sido aplaudido es liberar los pagos (…) estamos trabajando para simplificar la vida de nuestros pueblos», señaló Del Castillo.
Antes de alcanzar este acuerdo, Bolivia no permitía el retorno o reingreso de migrantes desde territorios ajenos, lo que generaba un vacío en la gestión del flujo irregular de migrantes. Con la entrada en vigencia del convenio, tanto Chile como Bolivia aceptarán el retorno de sus ciudadanos y de migrantes de terceros países.
«Las migraciones tienen que ser respetuosas de las normas, de la cohesión, del sentido de corresponsabilidad que tienen los pueblos y los integrantes de la comunidad», añadió la ministra chilena.
Mencionó también que estos acuerdos «mejorarán la vida de bolivianos y chilenos» y que se traducen en protocolos que se deben cumplir a partir de ahora.
El acuerdo migratorio deriva de medidas impulsadas desde el inicio de 2023, cuando el Congreso chileno aprobó el despliegue de tropas en la frontera para hacer frente a la ola migratoria irregular que ingresaba principalmente por pasos no habilitados, además del refuerzo tecnológico en distintos niveles.
Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1978, debido a la reclamación boliviana del acceso soberano al océano Pacífico perdido en una guerra librada a finales del siglo XIX.
Las relaciones se tensaron cuando en 2013 Bolivia llevó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya su reclamación marítima para que Chile negociara de buena fe el acceso soberano al océano Pacífico.
En 2018, la CIJ determinó que Chile no tiene obligación legal de negociar con Bolivia, aunque las autoridades bolivianas entienden que la sentencia no supone un impedimento para que haya un diálogo.
Las autoridades chilenas y bolivianas se han reunido en varias ocasiones desde 2023 para cooperar en materia de migración y seguridad.
En total, hay 1,4 millones de migrantes en Chile, lo que equivale a más del 7 % de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
