Pekín.- Las autoridades chinas ejecutaron este viernes a Yu Huaying, de 61 años, condenada a la pena capital por el secuestro y la venta de 17 menores entre 1993 y 2003, informó este viernes el Tribunal Intermedio de la ciudad de Guiyang en su cuenta oficial de la red social Wechat.
El caso de Yu se remonta a 2004, cuando fue arrestada en la provincia de Yunnan mientras cometía un delito bajo la identidad falsa de Zhang Yun y, tras ser condenada a ocho años de prisión, su pena fue reducida en tres, permitiéndole quedar en libertad en 2009.
En 2022, la denuncia de Yang Niuhua, una víctima de tráfico de menores que logró localizar a su hermana biológica, permitió reabrir el caso y proporcionó la información clave que llevó a la captura y procesamiento de Yu.
El primer juicio, celebrado el 18 de septiembre de 2023, resultó en una condena a muerte. Sin embargo, el Tribunal Popular Superior de Guizhou revisó el caso el 8 de enero de 2024 y determinó que algunos delitos adicionales no habían sido considerados.
El 11 de octubre de 2024 se celebró un nuevo juicio, en el que la fiscalía reafirmó la recomendación de la pena máxima, que finalmente fue ratificada por el Tribunal Supremo.
Yu operaba en las provincias de Guizhou, Chongqing y Yunnan, donde secuestraba a niños, principalmente de familias en situación vulnerable, para venderlos con fines de lucro.
Su caso generó gran conmoción en la sociedad china, donde el tráfico de menores sigue siendo un problema persistente.
El fenómeno ha sido agravado por la antigua política del hijo único y el desequilibrio de género, que en 2017 dejó un excedente de 42 millones de hombres, según el Banco Mundial.
Entre 2010 y 2019, se registraron 112.703 casos de tráfico de mujeres y menores en China, de acuerdo con datos oficiales.
Antes de la ejecución, Yu tuvo la oportunidad de reunirse con sus familiares, según la normativa vigente.
Las autoridades han intensificado el uso de tecnologías como el reconocimiento facial y las pruebas de ADN para resolver casos antiguos.
China no publica cifras oficiales sobre el número de ejecuciones que lleva a cabo, pero Amnistía Internacional estima que miles de personas son ejecutadas cada año en el país, lo que lo convierte en el mayor ejecutor del mundo.
