La Mesa de Diálogo por el Autismo denunció que este 5 de junio se cumplen tres años de la promulgación de la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), sin que el Estado dominicano haya ejecutado aspectos esenciales de la normativa, pese a su impacto sobre miles de familias en todo el país.
La organización, coordinada por el periodista Fernando Quiroz, sostuvo que la ley fue promulgada por el presidente Luis Abinader el 5 de junio de 2023. Sin embargo, el reglamento de aplicación, pieza fundamental para hacer operativas sus disposiciones, fue emitido con retraso varios meses después mediante el decreto 403-24, del 24 de julio de 2024.
Entre los principales incumplimientos identificó la ausencia de una asignación presupuestaria específica para ejecutar la normativa, la falta de un registro nacional actualizado de personas y familias con autismo, la inexistencia de programas permanentes de formación de profesionales, la ausencia de una red nacional especializada de servicios y los obstáculos que continúan enfrentando muchas familias para acceder a educación inclusiva en condiciones adecuadas.
La Mesa recordó que en julio de 2025 el presidente Luis Abinader expresó públicamente que se procurarían recursos dentro del Presupuesto General del Estado para iniciar la ejecución de la ley durante el año 2026. Sin embargo, afirmó que las familias aún esperan conocer las partidas, programas y acciones concretas que permitan hacer realidad los derechos contemplados en la legislación.
Asimismo, sostuvo que las evaluaciones diagnósticas, terapias especializadas, consultas médicas y servicios de apoyo continúan representando costos inalcanzables para una gran parte de la población, convirtiendo en muchos casos el acceso a estos servicios en un privilegio reservado para quienes pueden asumirlos económicamente.
Dijo que la única excepción en favor de las familias ha sido el programa SeNaSa InTEgrA, con la limitación de que cubre solo a 3,000 niños hasta los 10 años. No obstante, consideró que esta iniciativa, aunque positiva, no sustituye las obligaciones integrales establecidas por la Ley 34-23.
“La República Dominicana tiene una ley y tiene un reglamento, pero miles de familias continúan enfrentando prácticamente solas los costos, la incertidumbre y las barreras que la propia legislación procura eliminar”, indicó la entidad.
La organización recordó que la Ley 34-23 asigna
