La propuesta del senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, que busca inhabilitar permanentemente del servicio público a quienes reincidan en el tráfico de migrantes haitianos, ha recibido el respaldo de diversos senadores, incluyendo legisladores aliados al oficialismo.
Fernández calificó este delito como un «crimen de Lesa Patria» y subrayó la necesidad de establecer consecuencias ejemplares para quienes utilicen funciones públicas para facilitar el ingreso ilegal de extranjeros al país.
El senador Rogelio Genao, representante del PRCS por La Vega, fue uno de los primeros en manifestar su apoyo. Señaló que aunque el proyecto ya era sólido, las enmiendas presentadas por Fernández fortalecen su base constitucional, especialmente en lo que concierne a la inhabilitación para ocupar cargos públicos. “La Constitución limita las inhabilidades a 10 años en casos de juicio político, pero este tipo de crimen exige medidas más firmes”, declaró.
En sintonía, los senadores Antonio Marte y Franklin Romero también se mostraron de acuerdo con las sugerencias de Fernández, proponiendo incluso penalizar a quienes acepten pagos de entre 15 y 20 mil pesos por transportar haitianos ilegalmente hacia el territorio dominicano.
El proyecto inicial enviado por el Poder Ejecutivo contempla suspensiones de 5 a 10 años para servidores públicos implicados en este delito. No obstante, Omar Fernández aboga por sanciones más rigurosas, incluyendo la inhabilitación permanente y hasta 40 años de prisión para los responsables, a fin de garantizar la protección de la soberanía nacional y evitar la impunidad.
