Cotuí, República Dominicana. La expansión minera en el municipio de Zambrana ha desatado un conflicto entre la empresa Barrick Gold y seis comunidades afectadas, lo que ha derivado en protestas, enfrentamientos con las autoridades y un clima de incertidumbre sobre el futuro de cientos de familias.
El detonante del conflicto es la construcción de una nueva presa de colas, un depósito de residuos mineros, en la zona de Zambrana Arriba. De acuerdo con el decreto 270-22, emitido el 27 de mayo de 2022 por el presidente Luis Abinader, el proyecto requiere la reubicación de seis comunidades: El Naranjo, El Rayo, Ligo, Arroyo Vuelta, Plaja, Las 3 Bocas y Las 2 Palmas.
Escalada de violencia y represión
La situación escaló el pasado 8 de enero, cuando una protesta de comunitarios fue reprimida por fuerzas militares, dejando un saldo de al menos nueve personas heridas, entre ellas el sacerdote Johnny Durán, de la Diócesis de La Vega. Testimonios de residentes, como Paula Villanueva y Santo Francisco, aseguran que los agentes lanzaron gases lacrimógenos y dispararon perdigones contra los manifestantes.
«A nosotros no nos mataron porque estaban los sacerdotes ahí. Ellos decían ‘Tiren a matar’, pero los sacerdotes mediaban y aún así disparaban», relató Santo Francisco.
El conflicto ha generado indignación en la comunidad, que señala a la presidenta de Barrick Gold en el país, Juana Barceló, como la responsable de la represión. Según los testimonios, Barceló habría afirmado que la minera entraría «sí o sí» a la zona, lo que aumentó las tensiones.
El papel del Estado en la disputa
Las autoridades han argumentado que el proyecto no implica explotación minera, sino solo el depósito de residuos, y que su viabilidad depende de un estudio de impacto ambiental y otro de factibilidad. Sin embargo, comunitarios y activistas cuestionan que la presión para avanzar con la reubicación se haya intensificado antes de que se completen estos estudios.
El viceministro de Minas, Miguel Ángel Díaz, afirmó que la empresa presentó su estudio de impacto ambiental, aprobado en 2023, y que actualmente se está licitando una compañía internacional para realizar la evaluación de factibilidad.
«El estudio de factibilidad tiene que darnos seguridad, y si no la tiene, se harán correcciones», explicó Díaz.
No obstante, líderes comunitarios denuncian que el Estado está favoreciendo los intereses de la Barrick, al priorizar el derecho al tránsito de la minera sobre los derechos de los residentes. Además, aseguran que empleados del Ministerio de Energía y Minas han sido desvinculados por manifestar apoyo a las comunidades.
Incógnitas y resistencia
A medida que avanza el proceso, la incertidumbre persiste. Los afectados rechazan las compensaciones ofrecidas y se oponen a ser desplazados de sus hogares. La gran pregunta sigue en el aire: si aún no se ha completado el estudio de factibilidad, ¿por qué la urgencia en la reubicación? ¿Está el Estado adelantando los hechos sin conocer aún la viabilidad del proyecto?
Mientras tanto, los comunitarios insisten en que seguirán luchando para proteger su territorio y sus derechos, mientras el conflicto con la Barrick Gold y el gobierno dominicano continúa sin una solución clara en el horizonte.
